A finales del pasado año, el Programa para la Protección de Reclusos y Víctimas de la Tortura estableció 20 Centros de Asistencia Jurídica (LDC) en 16 provincias iraquíes. Estos centros proporcionan servicios jurídicos gratuitos a aquellos beneficiarios que debido a su estatus financiero, sexual o familiar tienen un acceso  limitado a cualquier representación legal.

Informes jurídicos enviados a un Centro de Defensa Jurídica en Iraq

El proyecto organizó recientemente una reunión de tres días destinada a identificar los retos pendientes así como  nuevas maneras de establecer contacto con aquellos reclusos que pasan desapercibidos al sistema judicial.

La reunión también se centró en mejorar las redes de colaboración entre los centros y otros actores involucrados en la provisión de servicios jurídicos a reclusos como la Red Iraquí de Justicia para Prisioneros (JNP) y el Colegio de Abogados de Iraq.

Durante los primeros siete meses de funcionamiento un total de 613 casos de individuos vulnerables necesitados de asistencia legal fueron notificados a los LDCs a través de comisarías, sindicatos de abogados, tribunales, prisiones, centros de rehabilitación y refugios. De estos casos, más de 500 correspondieron a hombres y 100 a mujeres. Un total de 365 casos reunieron los requisitos necesarios para recibir representación legal gratuita a través de los Centros de Asistencia Jurídica.

Uno de los abogados participantes del LDC de Basora declaró que “lograr la puesta en libertad de una persona erróneamente detenida que está a la espera de una sentencia de cadena perpetua o de pena de muerte es muy importante.”

“Tras 12 años de carrera en la abogacía, ésta es la primera vez que trabajo con casos humanitarios. Hacemos todo lo posible para ofrecer nuestros servicios al mayor número de reclusos posible”, añadió su colega del LDC de Salah ad Din.

Los centros, cada uno gestionado por entre tres y siete abogados permanentes y voluntarios, también ofrecen servicios de asesoría jurídica gratuita a través del teléfono.

Uno de los abogados participantes de Babil indicó: “El programa ya ha logrado ofrecer consultas jurídicas gratuitas a reclusos, lo que ha incrementado el conocimiento de cuestiones legales por parte de la población general.”

“Una parte fundamental del proyecto de asistencia jurídica es la de reforzar la relación entre organizaciones civiles, como los equipos gestores de los LDC, y las autoridades ejecutivas y jurídicas, como la policía y los tribunales. Así se ayudará a estas organizaciones a generar una cultura de derechos humanos en Iraq.”

El proyecto general “Programa para la Protección de Reclusos y Víctimas de la Tortura” está financiado por la Unión Europea a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con un presupuesto de 6.435.623 euros (11.555.200.418 dinares iraquíes). Está siendo ejecutado por UNOPS con la asistencia de la ONG “Un Ponte Per…” (UPP).

Este proyecto está financiado por la Unión Europa a través del PNUD.