Una vez se recibió la autorización, se acordonó el puerto durante 48 horas sin dar ninguna explicación a los residentes de la zona. Se estableció una especie de sala de operaciones con los diferentes actores, en la que a diario se entablaban conversaciones con altos funcionarios de los Gobiernos, capitanes de los cargueros, la OPAQ, los equipos de respuesta a materiales peligrosos y el operador del puerto. Nadie más podía reunir a todas estas partes.