En 2022, la tormenta tropical Bonnie y el huracán Julia causaron daños importantes en viviendas, carreteras, puentes y escuelas de toda Costa Rica, lo que interrumpió el acceso a los servicios esenciales, obligó a miles de residentes a evacuar sus hogares y provocó pérdidas en infraestructuras y activos por valor de aproximadamente 230 millones USD.

A través del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), Costa Rica está reconstruyendo infraestructura críticas al tiempo que integra medidas para reducir la vulnerabilidad ante futuros desastres.

Luis Carlos Martínez, Especialista Sénior Ambiental y de Gestión de Riesgos de UNOPS, analiza cómo el PROERI está poniendo en práctica este enfoque y qué pueden aprender otros países de la experiencia de Costa Rica.

¿Cómo puede la reconstrucción de la infraestructura abordar tanto las necesidades inmediatas como los riesgos futuros?

La reconstrucción tras una catástrofe suele estar impulsada por la urgencia, pero restaurar las infraestructuras a su estado anterior no reduce necesariamente los riesgos futuros.

Un enfoque más resiliente tiene en cuenta los riesgos a los que la infraestructura podría enfrentarse en el futuro e identifica oportunidades para reducir la vulnerabilidad ya en la fase de diseño.

En el marco del PROERI, esto significa integrar el riesgo y la resiliencia a lo largo de todo el ciclo del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta las adquisiciones, la construcción y el mantenimiento.

¿Cómo está poniendo en práctica PROERI este enfoque?

Junto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), hemos desarrollado un marco para PROERI que traduce los conocimientos especializados en materia de reducción del riesgo de desastres en medidas concretas que pueden aplicarse en proyectos de infraestructura basados en evaluaciones de riesgos climáticos.

Entre estas medidas se incluyen la mejora de la capacidad de los sistemas de drenaje y de abastecimiento de agua para gestionar los caudales; el uso de soluciones basadas en la naturaleza para estabilizar los taludes de las carreteras; la protección de las zonas ribereñas de ríos y arroyos; y el diseño de viviendas que mantengan un nivel de confort adecuado en diferentes condiciones meteorológicas.

En un programa de la envergadura de PROERI, un marco común contribuye a garantizar que la resiliencia se tenga en cuenta a lo largo de toda la planificación, el diseño y la ejecución de las infraestructuras, en lugar de tratarse como una consideración aislada para cada proyecto individual.

La implementación ya está en marcha. Se han evaluado más de 450 proyectos utilizando el Marco de Criterios de Resiliencia para proyectos de infraestructura pública, con visitas sobre el terreno al 20% de los proyectos más significativos del portafolio para validar los resultados. Los criterios de resiliencia —como los escenarios climáticos y las proyecciones de riesgos múltiples, el monitoreo y la retroalimentación, la resistencia a fenómenos extremos, la mitigación de los gases de efecto invernadero y la capacidad de adaptación— también se han incorporado a los términos de referencia de más de 100 proyectos. Además, los diseños preliminares deben incluir una evaluación inicial de los riesgos climáticos y los posibles peligros, lo que contribuye a garantizar que se tenga en cuenta la resiliencia desde las primeras fases del desarrollo del proyecto.
 

¿Cómo se traduce esto en la práctica?

En la región Pacífico Central, estamos contribuyendo a que las laderas sean más seguras y a reducir el riesgo de deslizamientos de tierra. Mediante la combinación de soluciones basadas en la naturaleza, evaluaciones de riesgos climáticos y pasos de fauna, estamos ayudando a proteger las infraestructuras, a mantener en funcionamiento los servicios esenciales y a reducir el daño al medio ambiente.

La infraestructura educativa es otro ejemplo. Según el Marco Global para la Evaluación del Riesgo de UNDRR, el sector educativo de Costa Rica se enfrenta a unos costos potenciales estimados en 2.180 millones USD para sustituir la infraestructura dañada o destruida, además de unas pérdidas medias anuales de 39 millones USD, debidas principalmente a inundaciones y terremotos. Estas cifras ponen de manifiesto los importantes riesgos a los que se enfrenta la infraestructura educativa del país. En respuesta a ello, el PROERI se ha fijado como objetivo 101 centros educativos situados en zonas de alto riesgo para llevar a cabo intervenciones urgentes y medidas de adaptación que garanticen su resiliencia.

Por ejemplo, el Colegio Técnico Profesional de Guatuso es un instituto público situado en la provincia de Alajuela que se ha enfrentado a una vulnerabilidad medioambiental a largo plazo, derivada de inundaciones recurrentes y graves. Aunque es difícil cuantificar el costo de una posible inundación, las consecuencias podrían incluir daños en el edificio y el equipamiento, la interrupción de la educación de los y las estudiantes y costosas reparaciones.

En el marco del PROERI, se modificó el diseño para mitigar los riesgos de inundación elevando el nivel del suelo. Este ajuste supuso un incremento del coste total del proyecto de tan solo el 0,7%. También se incluyó un sistema de tratamiento de aguas residuales capaz de seguir funcionando durante las inundaciones.

¿Qué lecciones pueden extraer otros países de la experiencia del PROERI?

Se espera que las infraestructuras presten servicio a las comunidades durante décadas, mientras que las condiciones climáticas y la exposición a los riesgos naturales pueden cambiar con el tiempo.

Tener en cuenta la resiliencia en todas las fases —desde la planificación y el diseño hasta la construcción y el mantenimiento— ayuda a identificar oportunidades antes de tomar decisiones clave. Según UNDRR, cada dólar invertido en hacer que las infraestructuras sean resilientes en países de renta baja y media puede suponer un ahorro estimado de 4 USD en pérdidas y trastornos evitados.

La experiencia también pone de relieve la importancia de tomar decisiones sostenibles, desde el uso de materiales con bajas emisiones de carbono y diseños adaptativos hasta soluciones basadas en la naturaleza. La resiliencia no es una intervención aislada, sino una forma de tomar decisiones mejor fundamentadas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

El PROERI también pone de manifiesto la importancia de reforzar la capacidad institucional para mantener las buenas prácticas más allá de la duración del programa.

Al abordar los riesgos desde el principio, los proyectos de infraestructura pueden satisfacer las necesidades actuales de las comunidades y, al mismo tiempo, contribuir a reducir su vulnerabilidad ante amenazas futuras.