The United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Impulsar la transición energética mediante la evaluación de políticas
A medida que la transición energética mundial cobra impulso, el éxito dependerá de la capacidad de los países para demostrar que sus políticas producen resultados cuantificables. Acelerar esta transición requiere decisiones políticas estratégicas respaldadas por datos confiables.
Las energías renovables son fundamentales para esta transformación. Para aprovechar todo su potencial se necesitan políticas que puedan evaluarse, reforzarse y mejorarse con el tiempo.
Unas evaluaciones sólidas de las políticas permiten a los Gobiernos determinar si estas están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando el desarrollo sostenible y ayudando a los países a cumplir sus compromisos en virtud del Acuerdo de París. Además, ayudan a los y las responsables de la elaboración de políticas a identificar los obstáculos a la aplicación, a reforzar el diseño de las políticas y a generar la credibilidad que necesitan inversores, asociados para el desarrollo y la ciudadanía.
Una oportunidad propicia
La urgencia no podría ser mayor. El sector energético sigue siendo el principal responsable del cambio climático, ya que genera casi tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no se cambia de forma radical la forma en que se produce y se consume la energía, el mundo no alcanzará los objetivos del Acuerdo de París.
Afortunadamente, las energías renovables ofrecen una vía viable para avanzar. En muchos mercados, la energía solar y eólica son ahora las fuentes más costoeficaces de nueva generación eléctrica. Sin embargo, la incorporación a gran escala de estas tecnologías al sistema energético no se producirá por sí sola. Los países necesitan políticas creíbles y bien diseñadas que creen incentivos, proporcionen seguridad normativa y establezcan las condiciones de inversión necesarias para acelerar su implantación.
Se pueden realizar evaluaciones antes de la implementación para estimar los posibles impactos, durante la implementación para supervisar los avances y después de la implementación para evaluar los resultados y orientar las futuras decisiones políticas. Lo ideal es que estas tres etapas funcionen conjuntamente como un proceso continuo de aprendizaje, fortalecimiento y mejora de las políticas.
Este proceso continuo de aprendizaje y mejora constituye el núcleo del Acuerdo de París. Los países están obligados a presentar contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) nuevas o actualizadas cada cinco años. Estos planes nacionales de acción climática deben representar un avance hacia una mayor ambición a lo largo del tiempo. A medida que los países ponen en práctica sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) cada vez más ambiciosas, necesitan datos confiables sobre qué ha funcionado, qué no ha funcionado y en qué ámbitos es necesario reajustar y reforzar las políticas.
Pero una mayor ambición también requiere una mayor inversión. La evaluación de las políticas puede contribuir a generar la confianza que inversores y agentes financieros necesitan cada vez más para destinar capital a la transición energética.
Fomento de la confianza para invertir
Para los inversores, la solidez del marco normativo es uno de los factores más importantes que influyen en las decisiones de inversión en energías renovables. Demostrar que las políticas en materia de energías renovables ofrecen resultados cuantificables y evaluados de forma independiente puede reforzar la confianza de los inversores y reducir los riesgos percibidos.
Para las empresas de servicios públicos y otras partes interesadas a nivel nacional, las evaluaciones de políticas pueden aportar datos que sirvan de base para las decisiones de implementación, identificar obstáculos y reforzar el entorno propicio para el despliegue de las energías renovables.
Para los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo, las evaluaciones de políticas pueden poner de manifiesto el impacto previsto y el real, lo que contribuye a fundamentar las decisiones de inversión y financiación.
Para los ministerios de finanzas, unas evaluaciones de políticas sólidas pueden aportar pruebas confiables de que los recursos públicos y la financiación climática están generando resultados reales. Esto refuerza los argumentos a favor de la asignación de los escasos recursos públicos, al tiempo que permite movilizar capital privado adicional.
Si bien la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo una prioridad de la acción climática mundial, las políticas en materia de energías renovables también generan beneficios económicos, sociales y ambientales más amplios. Pueden estimular el crecimiento económico, crear empleo, mejorar la calidad del aire y la salud pública, reforzar la seguridad energética y contribuir al desarrollo sostenible.
Las evaluaciones de políticas también pueden ayudar a identificar los desafíos que plantea una transición justa, por ejemplo, cuando las políticas afectan a sectores o comunidades concretos. Mediante el monitoreo de los efectos sobre los medios de vida, las protecciones sociales y las oportunidades de trabajo digno, los Gobiernos pueden garantizar que nadie se quede atrás en la transición hacia las cero emisiones netas.
Al evaluar estas repercusiones más amplias, los Gobiernos pueden maximizar los beneficios para el desarrollo, gestionar las compensaciones y garantizar que la transición energética siga siendo equitativa e inclusiva. De este modo, ponen de manifiesto cómo las políticas en materia de energías renovables contribuyen no solo a los objetivos climáticos nacionales, sino también a las prioridades generales de desarrollo del país y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La evidencia en la práctica
Consciente de esta necesidad, la Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática (ICAT) presta apoyo a los países mediante orientaciones metodológicas para la evaluación del impacto de las políticas. La metodología de energías renovables de ICAT proporciona a los Gobiernos un marco sólido para evaluar los impactos de las políticas de energía renovable en materia de gases de efecto invernadero, mientras que la metodología de desarrollo sostenible permite a los países cuantificar impactos económicos, sociales y ambientales más amplios.
La metodología de energías renovables se actualizó en 2026 para mejorar la experiencia del usuario y ampliar su cobertura normativa. Ahora abarca cinco tipos de políticas: tarifas de alimentación a la red, subastas, incentivos fiscales, medición neta e integración de energías renovables variables con políticas de almacenamiento en red mediante baterías. La metodología forma parte de la serie de guías de evaluación de políticas de ICAT, un conjunto de diez guías que ayudan a los países a evaluar los efectos de las políticas y medidas climáticas.
Varios países han aplicado estas metodologías. En África, Namibia ha demostrado recientemente el valor de este enfoque basado en evidencia empírica. Una evaluación apoyada por ICAT ha revelado que el programa de tarifas de alimentación para las energías renovables de Namibia podría reducir las emisiones en hasta 3,9 millones de toneladas de Co₂e (equivalente) para 2030, al mismo tiempo que crearía más de 5.000 puestos de trabajo, elevaría la electrificación al 89% y atraería más de 9.000 millones de dólares namibios (549 millones USD) en inversiones en energías renovables.
Es fundamental destacar que la evaluación identificó obstáculos clave para la implementación, entre los que se incluyen las limitaciones de la infraestructura de la red eléctrica y las restricciones de financiación. Lejos de socavar la confianza en la política, los resultados proporcionaron a los y las responsables de la elaboración de políticas una hoja de ruta práctica para reforzarla, entre otras cosas mediante la modernización de la red eléctrica, la mejora de los mecanismos de financiación y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo.
La experiencia de Namibia demuestra que el valor de la evaluación de las políticas no radica únicamente en medir el éxito, sino también en identificar los riesgos y señalar las medidas correctoras necesarias antes de que no se alcancen los objetivos.
En otras partes de África se están extrayendo conclusiones similares. Zimbabwe utilizó la evaluación de políticas para analizar las políticas en materia de energías renovables desde las perspectivas climática, económica y social, lo que permitió a los y las responsables de la elaboración de políticas reforzar su aplicación y maximizar los beneficios.
En Eswatini, la metodología de energías renovables de ICAT contribuyó a identificar oportunidades para reducir las emisiones y a definir la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) del país. Además, contribuyó a reforzar los argumentos a favor de una política nacional de bioenergía, que se ha aprobado recientemente.
El camino por delante
Aunque las circunstancias nacionales varían, el mensaje es notablemente coherente: los países que miden sistemáticamente el impacto de sus políticas toman mejores decisiones políticas.
De cara al futuro, hay una lección que queda clara: la ambición climática por sí sola no bastará para llevar a cabo la transición energética. Para convertir la ambición en acciones eficaces, se necesitan pruebas confiables, una evaluación transparente y un aprendizaje continuo.
Los países que liderarán la próxima generación de medidas contra el cambio climático no serán necesariamente aquellos que anuncien las políticas de energías renovables más ambiciosas, serán aquellas que cuenten con políticas sólidas, basadas en datos empíricos, cuyo cumplimiento se supervise durante su aplicación y que se mejoren continuamente en función de lo que revelen dichos datos.
Por lo tanto, la evaluación de las políticas ya no es un mero ejercicio técnico. Es un factor clave para la transición energética, ya que sustenta unas políticas climáticas eficaces y creíbles que permiten aplicar con éxito el Acuerdo de París y avanzar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.
Dr. Henning Wuester
El Dr. Henning Wuester es el Director de la Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática (ICAT), en la que lidera la dirección estratégica de la Iniciativa, gestiona su secretaría y actúa como su representante público. Cuenta con experiencia en políticas sobre cambio climático y desarrollo sostenible.
Antes de incorporarse a la ICAT, el Dr. Wuester supervisó el trabajo sobre conocimientos, políticas y financiación en la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y fue Gerente Sénior de la secretaría provisional del Fondo Verde para el Clima (GCF). Su trayectoria también incluye puestos clave en el sistema de las Naciones Unidas, como Asesor Especial del Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y diversas funciones en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE). Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Múnich, donde comenzó su carrera como profesor auxiliar.
