En Guatemala, el sistema público de atención sanitaria enfrenta dificultades para satisfacer las necesidades de la población, que envejece y continúa aumentando. Los recursos limitados, los costos médicos elevados, la infraestructura deficiente y los altos niveles de corrupción percibida en el sector público empeoran la situación. 

En 2015, se descubrieron graves casos de corrupción que afectaban la adquisición de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la rama gubernamental que proporciona servicios hospitalarios y clínicos, pensiones y beneficios de protección de ingresos, entre otros. Además, se descubrió que ciertos proveedores se beneficiaban de manera injusta de las adquisiciones públicas, lo que ponía en riesgo los suministros de medicamentos de millones de personas en el país. 

Desde entonces, UNOPS ha trabajado con el IGSS para aumentar la transparencia en sus procesos de adquisiciones, desempeñando un rol fundamental en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de adquisiciones. 

No fue fácil establecer una cultura de anticorrupción en el sistema. UNOPS se enfrentó a grandes desafíos como controversias de orden jurídico, protestas y la cobertura mediática que atacaba los méritos del proyecto.  

Sin embargo, con el tiempo se empezaron a notar los cambios y los beneficios de un sistema más transparente y eficiente: aumentó el acceso a los medicamentos vitales por parte de quienes más los necesitaban, mejoraron las instalaciones de atención sanitaria y se optimizó la accesibilidad de los pacientes a la prestación de servicios.

En esta serie, que consta de tres partes, exploramos cómo la población de Guatemala, desde los niños con discapacidad hasta las familias indígenas que habitan en zonas rurales, se beneficia de servicios de atención sanitaria de calidad gracias a este proyecto innovador.